El presidente Martín Vizcarra dijo ayer que en 48 horas se espera llegar a un acuerdo con las clínicas privadas para la atención de pacientes afectados por covid-19 con una tarifa razonable asumida por el Gobierno.

 

En conferencia de prensa señaló que se busca establecer una tarifa adecuada para los pacientes que no pueden ser atendidos en los establecimientos públicos y deben acudir a la salud privada, pero a la fecha no se ha alcanzado un acuerdo con las clínicas.

 

"Vamos a esperar 48 horas para llegar a un acuerdo, esperemos que así sea; pero de no ser el caso, pensando en la salud y la vida, invocaremos el artículo 70 de la Constitución", manifestó.

 

Dicho artículo, precisó, refiere que el derecho a la propiedad es inviolable, que el Estado la garantiza, y que a nadie se le puede privar de ello salvo por un tema de seguridad nacional o necesidad pública.

 

"Si en la crisis más grave en la historia no estamos en un contexto de necesidad pública, ¿cuándo?", expresó el Mandatario tras reiterar su deseo de llegar a un acuerdo satisfactorio.

 

El Jefe del Estado subrayó que no obstante los esfuerzos de aumentar la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud pública, se requiere del compromiso y aporte de las clínicas.

 

Recordó que cuando un ciudadano afectado por covid-19 va a un establecimiento público y este se encuentra al tope tendría que ir al privado y el costo es asumido por el Gobierno.

 

"Se ha hecho la oferta y contraoferta y estamos en este plan demasiado tiempo. Estamos en esta situación ya llegando al límite", indicó tras lamentar los casos de personas a las que algunas clínicas han cobrado tarifas extremadamente altas.

 

Vizcarra mencionó que el ministro de Salud, Víctor Zamora, es quien encabeza el diálogo con las clínicas, junto a técnicos de su sector y del Ministerio de Economía.

 

"Con la ley y la Constitución tenemos que proteger la salud de las personas", manifestó tras subrayar que el Gobierno respeta el derecho a la propiedad privada pero el bien supremo es el ser humano, más aún en un contexto de pandemia.

 

Por su parte, el jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos, aclaró que el tema no es una amenaza sino una decisión del Gobierno amparado en legalidad.

 

"Tenemos una responsabilidad frente al país de priorizar la salud", argumentó.