En El Salvador conviven dos toques de queda. Uno es el de las maras, o pandillas, que han implementado duras restricciones de distanciamiento social mediante amenazas contra aquellos que violen sus normas. Y, el segundo, fue aprobado el 21 de marzo por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien impuso una cuarentena obligatoria en todo el país permitiendo a la policía y al Ejército detener a los ciudadanos, e incluso decomisar sus vehículos, si la incumplen. Dos cuarentenas, un país.

En uno de los vídeos compartidos en redes sociales, presuntos pandilleros «castigan» a varios hombres pegándoles en las piernas con un bate de beisbol por haber supuestamente incumplido su «toque de queda». «Póngase bien. Aquí vas a hacer lo que nosotros digamos», dice uno de los pandilleros. En muchas zonas de El Salvador las pandillas superan el poder del Estado, por lo que imponen un control «de facto» para evitar que el nuevo coronavirus (Covid-19) se extienda por sus barrios.

Parte de los ingresos de las pandillas procede de cobrar extorsiones a pequeños comercios, denominadas como «renta», por lo que un elevado número de contagios podría dañar estos comercios a largo plazo y, además, atraería la no deseada presencia de autoridades que acudirían para contener la pandemia. Y los criminales ya notan los efectos económicos de la pandemia, ya que algunos comerciantes aseguran haber llegado a acuerdos para diferir el pago de la «renta», según la prensa local.

Esta cuarentena «de facto» contrasta con la «de iure» aprobada por el presidente Bukele vía decreto. Pero el tribunal constitucional de El Salvador, llamado Corte Suprema de Justicia, limitó algunas medidas incluidas en los decretos presidenciales 19 y 20, donde el Ejecutivo estableció la cuarentena obligatoria en todo territorio nacional.

Entre otras decisiones, la Corte inhabilitó la posibilidad de que la policía pueda entrar en los hogares de los salvadoreños para forzarles a permanecer encerrados, o confiscar los vehículos a los infractores. Estas medidas habían sido criticadas por abogados y activistas en medios salvadoreños.

Bukele, sin embargo, se niega a cumplir la sentencia del alto tribunal. «No entiendo el deseo mórbido de que nuestra gente muera, pero juré que cumpliría y haría cumplir la Constitución. Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir», escribió el presidente el miércoles en Twitter.

Nuevo choque de poderes

El origen este nuevo episodio de enfrentamiento entre el poder Ejecutivo de El Salvador con el Judicial se produce después de un choque con el Legislativo. Y es que el congreso se negó a extender el estado de excepción que vencía el pasado 13 de abril, motivo por el que el Gobierno de Bukele decidió emitir el decreto ejecutivo 19 para mantener ciertos poderes para lidiar con la emergencia sanitaria.

«Cinco personas no van a decidir la muerte de cientos de miles de salvadoreños. Por más tinta y sellos que tengan», escribió Bukele en la red social. El primer fallecido por coronavirus ocurrió el 31 de marzo en El Salvador, pero para entonces, el Gobierno ya había ordenado el confinamiento de la población, cerrado fronteras y suspendiendo actividades no esenciales. Hasta el momento, el país centroamericano ha contabilizado un total de 190 casos y siete muertes por coronavirus.

Bukele inició su mandato el 1 de junio de 2019 y está previsto que su Gobierno termine en 2024 sin posibilidad de reelección. En las elecciones presidenciales celebradas en febrero de 2019, el político obtuvo un 53% de los votos y ha gozado de una gran popularidad durante su mandato. Según una encuesta en febrero, cerca del 85% de los salvadoreños aprueba sus primeros nueve meses de gestión.

Su llegada ha supuesto una nueva forma de hacer política en El Salvador. Es muy activo en redes sociales y suele dar órdenes a sus ministros a través de Twitter. También mantiene un discurso muy directo y cercano que conecta con muchos ciudadanos. Además presenta una férrea oposición a ARENA y el FMLN, los dos partidos que gobernaron los últimos treinta años y a los que culpa de ser los artífices de la elevada corrupción del país centroamericano.

No obstante, la oposición al Gobierno controla 72 de los 84 asientos de la Asamblea Legislativa, por lo que muchas propuestas presidenciales son rechazadas por ARENA (37 escaños) y el FMLN (23), mientras que GANA -el partido de Bukele- solo cuenta con 10 escaños.

Ante este escenario de bloqueo legislativo permanente, e hipotéticamente autorizado por su gran popularidad, Bukele repetidamente implementa medidas vía decreto presidencial para ejecutar políticas que según el poder Judicial deben pasar por el Legislativo. Esta situación provoca una continua lucha de los tres poderes en El Salvador.

Descenso récord

de la violencia

Hasta el momento, su gran éxito ha sido el descenso de la violencia durante su presidencia. En marzo, El Salvador registró 65 homicidios, la cifra mensual más baja desde que el país tiene registros, según dijo Bukele en un mensaje en Twitter. «Hace apenas un par de años, teníamos meses con casi 1.000 homicidios», añadió. Este descenso va en la línea con la tendencia a la baja en los índices de criminalidad, ya que enero cerró con 120 homicidios y febrero con 114.

Esta menor incidencia criminal ocurre a la vez que el Gobierno implementa un programa conocido como Plan Control Territorial, que ha conseguido que uno de cada cuatro municipios de El Salvador no haya registrado homicidios durante el último año.