La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) presentará al Congreso un paquete de proyectos de ley para fortalecer la lucha anticorrupción, entre ellos la imprescriptibilidad disciplinaria de funcionarios involucrados en casos de corrupción.

En ese marco, se acordó priorizar para el 2020 una agenda normativa, propuesta por diversos miembros de la CAN, que será presentada ante el próximo Congreso.

Las iniciativas estarán orientadas a modificar la Ley N°30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, fortalecer el combate al soborno internacional y tipificar el delito de “extorsión”.

Se planteará, además, la imprescriptibilidad disciplinaria en casos de funcionarios involucrados en corrupción y una propuesta normativa para evitar el amedrentamiento contra ciudadanos y periodistas que denuncian casos de corrupción y otros delitos.

También se acordó respaldar e impulsar las propuestas normativas relacionadas a la reforma constitucional para modificar los alcances de la inmunidad parlamentaria y establecer mejores estándares de cumplimiento y control en las organizaciones políticas.

Declaración Jurada de Intereses

La secretaria de Integridad Pública, Susana Silva Hasembank, por su parte, informó sobre los avances en la implementación de la Declaración Jurada de Intereses, tras la publicación del Decreto de Urgencia N°020-2019.

Dicha herramienta se viene aplicando en todo el Poder Ejecutivo, en 21 gobiernos regionales y 55 gobiernos locales e implementando en el Poder Legislativo, el Poder Judicial y en organismos constitucionalmente autónomos. A la fecha, se cuenta con más de 33,500 declaraciones.

Durante la sesión se expresó el compromiso de consolidar la implementación de esta herramienta.

La sesión contó también con la participación del presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, cuya institución integra la CAN, en reemplazo Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Durante su presentación, Vásquez dio cuenta de las acciones implementadas para garantizar la transparencia y la probidad en la gestión interna de dicha entidad y en los procesos de selección, evaluación y ratificación de magistrados.