El sur de Venezuela es un territorio sin ley. O más bien, está regido por una especie de ley del talión que ejercen los llamados sindicatos del oro, grupos delictivos que se han apoderado del control de las minas de oro en varios poblados de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.

El informe contiene testimonios de algunas de las 21 personas que entrevistó la organización a finales del año pasado y que habían trabajado en minas próximas a Las Claritas, El Callao, El Dorado y El Algarrobo en los últimos dos años; así como también de otras 15 entrevistas a líderes indígenas, activistas y periodistas que han hecho cobertura en terreno.

Entre los relatos se incluye el de una mujer que vio cuando a otra que fue acusada de robar un pantalón le cortaron las manos con un machete. Otro hombre que trabajó como minero relató que un día, mientras almorzaban, le cortaron la mano a un compañero que supuestamente se había robado un teléfono.

Los entrevistados también describieron severas condiciones laborales en las minas, que incluían cumplir turnos de 12 horas sin equipos de protección y la presencia de niños trabajando con los adultos. A esto suma, la crisis sanitaria que ha desatado la minería ilegal masiva al disparar la malaria en el país, con más de un millón de casos registrados al cierre de 2018.

Los municipios donde se desarrolla la minería, como El Callao, tienen tasas de homicidio sobre las 300 muertes cada 100.000 habitantes.