Internacional
Publicado el Miercoles, 29 de Enero del 2020

Maduro paga a lobistas para sortear sanciones

Unos documentos en posesión del Gobierno de Estados Unidos revelan un contrato firmado en diciembre de 2019 por el Procurador General de Venezuela, Reinaldo Muñoz

 Nicolás Maduro ha contratado por medio de la Procuraduría General a una firma de lobistas de Washington y un bufete de abogados para sortear el duro régimen de sanciones aprobado por Donald Trump en el pasado año. El régimen pagará 12,5 millones de dólares (11,8 millones de euros) por esas labores de asesoría en Washington.

Según dos documentos que acaba de hacer públicos el Departamento de Justicia, el Procurador General del régimen de Maduro, Reinaldo Muñoz Pedroza, ha contratado a título personal al despacho de lobistas Sonoran Policy Group y al bufete Foley & Lardner, por representarle en Washington y asesorarle en materia de sanciones.

Dice uno de los documentos, que incluye el contrato original, que el objeto de este es “asesorar al cliente en el cumplimiento de las diversas sanciones económicas de EE.UU. que aplica la Oficina de Control de Activos Extranjeros y otras agencias del Gobierno” y “mitigar los riesgos legales y de otra naturaleza asociadas con la aplicación policial de esas sanciones”. El contrato está fechado el 10 de diciembre.

La semana pasada, en una entrevista concedida al diario ‘The Washington Post’ Maduro instó a Trump a retirarle el apoyo a los opositores al régimen que lidera el presidente encargado Juan Guaidó y a entablar un diálogo directo para solucionar la crisis que padece Venezuela, que ha provocado el éxodo de casi cinco millones de personas a países vecinos.

Tanto Sonoran como Foley se comprometen a “desarrollar una narrativa factual como estrategia” para asesorar al cliente, el alto funcionario venezolano, en “cumplir las leyes norteamericanas”. En concreto, los proveedores del servicio ofrecerán “una estrategia para pedirle al gobierno de EE.UU. apoyo en la retirada de distintas partes del régimen de sanciones por su conexión con la República”.

Una ley aprobada en 1938 por el Capitolio obliga a todos los lobistas, abogados y relaciones públicas contratados por clientes extranjeros a registrarse ante el Departamento de Justicia norteamericano, que hace públicos los contratos y requiere un informe semestral con todas las comunicaciones de las partes con funcionarios y legisladores.

El año pasado la Casa Blanca reconoció a Guaidó como representante legítimo del pueblo venezolano, en un intento de destituir a Maduro, que sigue en el poder gracias al apoyo, entre otros factores, del ejército, Cuba y Rusia. Esta semana, Guaidó visita Washington después de haber viajado al foro de Davos y a Madrid, donde no le recibió el presidente del gobierno Pedro Sánchez.

 

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