La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA) propuso ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la destitución del juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Tumbes, Edwin Anselmo Cohaila Nina.

En la investigación disciplinaria se determinó que, el citado magistrado con su actuación infringió su deber de mantener una conducta intachable, en razón que en junio de 2019, fue intervenido por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), cuando conducía su vehículo con visibles signos de haber ingerido bebidas alcohólicas, lo cual fue aceptado por él en su declaración.

Cohaíla Nina, en julio de 2018, incurrió en responsabilidad disciplinaria por no impartir justicia con razonabilidad y respeto al debido proceso, al declarar fundada sin una debida motivación, la cesación de prisión preventiva seguida en contra de un funcionario que afrontaba un proceso por el delito  de colusión agravada en agravio del Estado.

Este caso era tramitado en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de ese distrito judicial, despacho a su cargo que luego ordena la comparecencia con restricciones del procesado; y quien a partir de esa fecha estuvo prófugo de la justicia.

Otra suspensión impuesta al magistrado es por la infracción a su deber de no resolver con sujeción a las garantías del debido proceso, ya que cuando laboraba como juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Inambari –Mazuko (Corte de Madre de Dios), dispuso sin debida motivación la cesación de prisión preventiva en favor de una ciudadana procesada por el presunto delito de trata de personas.

El otro caso también tiene que ver con el término de una prisión preventiva contra dos procesados por el presunto delito de violación sexual de una menor de edad, dictándoles para ellos comparecencia restringida. 

En esta última investigación, también se sanciona con suspensión de tres meses al magistrado Wilmer Quiroz Calli, juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Inambari –Mazuko, quien declaró fundada la cesación de prisión preventiva de una ciudadana procesada por el presunto delito de trata de personas sin la fundamentación debida.