Al menos19 reclusos fallecieron este domingo en un enfrentamiento entre bandas rivales en una cárcel cercana a Tegucigalpa, la capital de Honduras, que se suman a los 18 presos muertos el viernes en un tiroteo en otra prisión.

La matanza, la segunda que ocurre en 48 horas en una cárcel del país y cuyas causas aún se desconocen, ocurrió pese a que una comisión interventora asumió el control de la prisión el jueves pasado después de que el poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia en el sistema penitenciario.

Un total de 18 presos murieron el viernes en un tiroteo en la cárcel de Tela, departamento caribeño de Atlántida, en el que además más de una docena resultaron lesionados.

El coordinador de Seguridad del Gobierno, Luis Suazo, confirmó también la matanza de 16 reclusos y aseguró que este tipo de crímenes múltiples son planificados por grupos criminales.

“Uno de los grupos criminales ha tomado la determinación de tratar de revertir esta proceso (intervención de cárceles)” iniciado la semana pasada, subrayó el alto funcionario. Enfatizó además que la estrategia de estos grupos criminales es “llamar la atención” de organizaciones de derechos humanos.

Por su parte, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, Hugo Maldonado, dijo a periodistas sentirse “quebrantado” ante la nueva matanza en una cárcel, la segunda en 48 horas.

“Ya basta de tanta muerte” en el sistema penitenciario, subrayó Maldonado, quien dijo que un enfrentamiento entre pandilleros es la principal hipótesis del crimen múltiple.

Maldonado hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que “ayude” al Gobierno hondureño a “preparar” a los guardias penitenciarios puesto que “queda la duda de que el personal se sigue prestando” para actividades ilícitas dentro de las cárceles.

Compuesto por unas 30 cárceles, el sistema penitenciario alberga a unos 22.000 reclusos, cuando su capacidad máxima es de 8.000, y menos de la mitad de los presos han sido condenados.

Los presidios de Honduras son consideradas una “bomba de tiempo”, por el hacinamiento, los problemas de infraestructura y un número de presos en detención preventiva.