No hay tregua en Bolivia. Los indicios eran suficientes para pensar que se podía entrar en una etapa de calma pero la realidad impone un escenario de más violencia y tensión. Al cerco a La Paz de los campesinos cocaleros y columnas del MAS (Movimiento Al Socialismo), que siguen leales a Evo Morales, se sumó una decisión polémica de Jeanine Áñez. La ex vicepresidenta del Senado y presidente interina, designada en una fórmula in extremis, tras la dimisión en cascada de la línea de sucesión presidencial, firmó un decreto que exime de “responsabilidad penal” a las fuerzas de seguridad del Estado que usen la violencia “proporcionada” en “legítima defensa”, para reducir a los grupos que insisten en sembrar el caos.

La lectura de este decreto es radicalmente opuesta entre los bandos enfrentados. Para el Gobierno y buena parte de la sociedad civil, la medida era necesaria. Dicho de otro modo, no hay otro camino para frenar las huestes organizadas y con los bolsillos llenos, de “masistas” y miembros de las federaciones de coca del trópico de Cochabamba, que asedian la Paz y siembran el terror en Bolivia.

Para los leales a Evo Morales, al frente de esas seis federaciones desde hace más de veinte años, incluso siendo presidente de Bolivia, el decreto significa una especie de licencia para matar que abre la veda para dar caza a los que hasta hace un mes le seguían ciegamente y ahora, a su juicio, se defienden en un contra ataque a lo que consideran un golpe de Estado. Infiltrados entre estos, policías y soldados han descubierto grupos de venezolanos que con “falsos médicos cubanos”, serían el cerebro de la estrategia que busca derrocar al Gobierno y facilitar el regreso de Evo Morales.

“Está probado que hay extranjeros con armamento letal, gente de afuera que viene a matar bolivianos. Este es un decreto de excepción que no se daría en un marco pacífico”, insistió el ministro de Defensa, Fernando López. En declaraciones al diario “Página Siete”, López justificó la medida, “es lo correcto, estamos cumpliendo una función constitucional, nos estamos defendiendo de una agresión. Por qué tendríamos que ser procesados si estamos defendiendo la vida de los bolivianos. Lo complicado sería que no tuviéramos ese decreto”.

Sin ahorrar en explicaciones, el ministro observó: “El espíritu de este decreto es que nosotros respondemos sólo y tan solo (cuando) haya una agresión armada y de manera proporcional” a la acción de “las fuerzas armadas de la otra parte. Nosotros –puntualizó– vamos de manera persuasiva para resolver los conflictos, no de manera agresiva”. Advertido del número de muertos (23 y más de cien de heridos), el ministro reiteró, “se tiene que investigar cómo se dieron esos fallecimientos” porque los “militares no dispararon una sola bala”.

La presencia de cubanos y venezolanos en el país forma parte del paisaje boliviano desde hace casi catorce años. Esto es, desde que Evo Morales ganó las primeras elecciones. La OEA tenía sobrado conocimiento de estos. La novedad, detectada durante la auditoría de las elecciones en las que comprobó el fraude cometido por el Gobierno de Evo Morales, fue la presencia de “dos espías argentinos en la misión de la auditoría. No eran técnicos con capacidades electorales. Es un despropósito. Eso, no se hace, es inmoral”, declaró el secretario general de la OEA Luis Almagro.