“Hemos acordado iniciar el camino, el proceso para avanzar hacia una nueva constitución”, dijo la pasada noche del domingo el ministro de la Presidencia de Chile, Gonzalo Blumel, luego de reunirse por tres horas con el presidente chileno, Sebastián Piñera, y los principales dirigentes de Chile Vamos, la coalición de partidos de derechas que ha dado sustento al Gobierno y que afronta una fuerte crisis política y social desde hace tres semanas.

La demanda de una nueva constitución ha sido un reclamo recurrente desde hace décadas, pues la que existe actualmente en Chile fue elaborada en 1980, durante la dictadura militar del fallecido general Augusto Pinochet. Desde entonces, se han realizado unas 200 modificaciones, la última y más importante en 2005, cuando se acotaron las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, se eliminaron los senadores designados y vitalicios, así como la firma del propio exdictador. El actual cuerpo legal, aunque lleva la firma del expresidente socialista Ricardo Lagos, asigna al Estado un rol subsidiario y no incluye derechos sociales, como ahora reclaman los chilenos.

Críticas al proyecto

El anuncio del gobierno de Piñera encontró detractores de inmediato, incluidos algunos parlamentarios de su propio sector. El senador del oficialista partido Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, dijo que “sinceramente los parlamentarios no tenemos la credibilidad, el Parlamento no la tiene ni nosotros tampoco para hacer algo sin una participación más activa de la comunidad”, al referirse sobre la idea de otorgar poderes constituyentes al actual Congreso.

El mecanismo propuesto por Piñera tampoco encontró consenso en la oposición. Junto con valorar el “paso dado” hacia el cambio constitucional, el presidente del socialdemócrata Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, reclamó por un mecanismo que garantice la participación de la ciudadanía, por lo que descartó que el proceso pueda quedar radicado en el Congreso.