Lula da Silva cerró el ciclo. El 7 de abril de 2018 se rodeó de miles de simpatizantes en el sindicato de metalúrgicos donde empezó su carrera como sindicalista antes de entregarse a la policía. La cuenta atrás fue agónica y muchos militantes intentaron impedir que su coche saliera en dirección a la cárcel. Volvió al mismo lugar de la periferia de Sao Paulo, a Sao Bernardo do Campo, pero el clima era radicalmente diferente, una fiesta.

El esperado discurso de Lula pasó de puntillas por el juez Sérgio Moro y los fiscales de la Lava Jato (fueron criticados, como siempre, pero menos de lo habitual) y adoptó un tono ya de campaña: el líder del Partido de los Trabajadores habló de educación, de las tasas de desempleo, de los tipos de interés, pero fiel a su estilo, citando a las amas de casa que tienen dificultades para comprar arroz en el mercado. Repasó el panorama regional, pidiendo solidaridad para el pueblo chileno y para Evo Morales, frente a los “ataques de la derecha” boliviana, y pidió que Trump deje en paz a los latinoamericanos: “No es el sheriff del mundo”, dijo. Lula aseguró que necesita un tiempo para meditar y que en 20 días pronunciará un discurso a la nación y que está dispuesto a recorrer el país para reconstruir el campo progresista: “La llamada izquierda que Bolsonaro tanto teme va a derrotar a la ultraderecha. Brasil no merece el gobierno que tiene”.

Lula, que fue condenado a ocho años y diez meses de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero, no fue declarado inocente. Se benefició de una decisión del Tribunal Supremo Federal que consideró inconstitucional que alguien esté preso hasta que no haya agotado todos los recursos posibles.