La Contraloría General de la República destacó la publicación del Decreto de Urgencia (DU) del Poder Ejecutivo que propone un régimen especial para reactivar las obras paralizadas a nivel nacional e indicó que el órgano auditor realizará control concurrente para su fiscalización.

Además, dijo se busca expandir el modelo de control concurrente a todo tipo de contratos a nivel nacional, para asegurar que los recursos públicos sean ejecutados cumpliendo con las normas y que los funcionarios actúen correctamente.

Según resaltó el contralor, el DU contribuirá a atender la demanda de la población que espera la culminación de cientos de proyectos suspendidos o inconclusos con un porcentaje de avance igual o mayor al 50%.

“Saludamos la decisión que adoptó el gobierno del presidente Martín Vizcarra, al acoger la iniciativa de la Contraloría General de la República para así impulsar la reactivación y conclusión de obras paralizadas en todo el país”, expresó el contralor Nelson Shack.

Agregó que la herramienta legal nace como resultado de las demandas de la población, a través de las Audiencias Públicas de la Contraloría, así como de las jornadas de supervisión que realizan a las distintas provincias y localidades donde existe el abandono de obras necesarias.

Para el titular de la Contraloría, estas obras paralizadas, “elefantes blancos”, son el resultado de la ineficiencia e ineficacia de algunos malos funcionarios.

En este sentido, dijo el DU establece medidas extraordinarias para la reactivación de obras paralizadas a nivel nacional.

“Esperamos que las autoridades y funcionarios cumplan con el objetivo de acabar con la frustración que siente el pueblo de ver que diversos proyectos de inversión pública no han sido concluidos y están abandonados”, agregó.

Además, subrayó que corresponderá a los ejecutores públicos “pisar el acelerador” en la reactivación de las obras en todo el país, por lo que no habrá excusas para cumplir con este reto.

Hasta julio del 2018, la Contraloría identificó 867 obras nacionales y regionales paralizadas, con un monto de inversión aproximado de S/ 16,870 millones, aunque la cantidad de obras podría aumentar a 6,000 si se consideran las que tienen los diversos municipios del país.

La citada propuesta plantea la aplicación de un régimen excepcional que posibilite a las entidades públicas la culminación de obras paralizadas en todo el territorio nacional de sectores esenciales como salud, educación y saneamiento, además de otras medidas que fortalecen la lucha contra la corrupción.