El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente la medida cautelar que presentó Pedro Olaechea para suspender los efectos de la disolución del Congreso de la República.

Votaron a favor de la improcedencia los magistrados Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, Marianella Ledesma Narváez, Eloy Espinosa-Saldaña y Augusto Ferrero Costa.

En contra votaron Ernesto Blume y José Luis Sardón de Taboada.

El titular del TC informó que el documento sobre la improcedencia, los fundamentos de los votos y votos singulares serán publicados en la web de la institución, el 4 de noviembre.

Pedro Olaechea presentó el pasado 10 de octubre una medida cautelar, a través de la cual buscaba suspender los efectos de la disolución del Congreso establecida el 30 de setiembre.

Admite a trámite

Asimismo el TC admitió a trámite la demanda competencial que presentó Pedro Olaechea a raíz de la disolución del Congreso de la República.

Ernesto Blume, presidente del TC, señaló ayer martes que la decisión fue adoptada por unanimidad.

Según indicó, se correrá traslado de la admisión al Poder Ejecutivo, a fin de que conteste la demanda en el plazo correspondiente y ejercer así su derecho de defensa.

Demanda

La demanda competencial fue presentada el 10 de octubre por el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quien sustentaba su posición en los artículos 109 y 110 del Código Procesal Constitucional.

El documento argumenta conflicto de competencias “respecto del planteamiento de las cuestiones de confianza que formuló el presidente del Consejo de Ministros”.

Refiere que el Ejecutivo “no tiene competencia para realizar pedidos de cuestión de confianza respecto de atribuciones que son de competencia constitucional exclusiva del Congreso”, y que la confianza debe plantearse, debatirse y someterse a votación.

Disolución

El pasado 30 de setiembre, el Poder Ejecutivo solicitó cuestión de confianza el pedido para modificar el mecanismo de elección de los magistrados al Tribunal Constitucional e instó a que la votación de este pedido se produzca antes de la elección de nuevos magistrados, algo que no sucedió.

Tras ello, el presidente de la República, Martín Vizcarra, dispuso la disolución constitucional del Congreso, al haberse denegado en dos oportunidades la confianza al Consejo de Ministros.

El mismo 30 de setiembre, el mandatario juramentó a Vicente Zeballos como titular del Consejo de Ministros y emitió un decreto supremo convocando a elecciones al Parlamento para el 26 de enero de 2020.