Ecuador impuso el jueves el estado de excepción para intentar aplacar la ira social que estalló en las calles, con duros choques con la policía que dejaban 45 detenidos, tras el fin de subsidios a combustibles acordado con el FMI.

Acosado por un alto endeudamiento y falta de liquidez en la dolarizada economía, el gobierno pactó un millonario programa de créditos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluye el desmonte de esos subsidios, que demandaban 1.300 millones de dólares.

El consecuente incremento de las tarifas del diésel y la gasolina en hasta un 123%, que empezó a golpear los bolsillos de los ecuatorianos a partir de este jueves, precipitó la paralización de transportistas sin tiempo definido, lo que llevó al Ejecutivo a extender hasta el viernes la suspensión de clases.

Miles de manifestantes se movilizaron en varias ciudades e incluso grupos ya exigen la salida de Moreno del poder en medio de enfrentamientos a piedra y bombas incendiarias con la policía.

El mandatario endureció su respuesta y decretó la medida de excepción por 60 días para “evitar el caos”.

Sin embargo, en Quito, los manifestantes se mantuvieron en las calles en un abierto desafío al gobierno, que quedó facultado para emplear la fuerza armada en el control del orden público, restringir el derecho a la movilización o imponer la censura previa a los medios.

“¡Que se vaya el viejo (Moreno)! Si ahora sube la gasolina mañana será el gas (que mantiene el subsidio) que usamos todos. Eso no podemos permitir”, dijo Luz Aguirre, una desempleada de 47 años.

Las protestas se tornaron violentas. Con gases lacrimógenos y a la fuerza, la policía desalojó a algunos de los grupos que reclamaban en cercanías de la sede de gobierno. Varios periodistas locales fueron agredidos en medio de los choques.

El fantasma del derrocamiento

Sin un sólido apoyo en el Legislativo y las encuestas en contra, Moreno lidia con las primeras consecuencias del convenio con el FMI de marzo para obtener créditos.

Los transportistas pararon en varios puntos y universitarios salieron a las calles en Quito en el marco de la mayor huelga en Ecuador desde la llegada de la izquierda al poder en 2007.

En la capital los autobuses y taxis dejaron de circular. Lo mismo sucedía en otras ciudades, en protesta por el aumento de los combustibles que eran los más baratos y más utilizados.