Dagna Aiva cocina de lunes a viernes en su propia casa para proveer el plato de comida a 200 personas de las decenas de miles que viven en un barrio marginal del sur de Buenos Aires, la capital de Argentina.
Alejados de los vaivenes del valor del dólar que obsesiona a muchos argentinos, en la Villa 21-24 la prioridad es conseguir alimento, para sus habitantes un bien escaso no obstante vivir en un país que produce comida para 440 millones de personas, lo que significa 10 veces su población actual.
Mujeres con bebés en brazos y niños que juegan alrededor, ancianos y discapacitados hacen fila frente a esta casa donde se entregan las raciones.
Nadie habla de dólares entre los pasillos angostos de este asentamiento pobre de 60 hectáreas donde habitan unas 60.000 familias, frente al contaminado río Riachuelo, en el borde sur de la ciudad.
“Yo no tengo dólares, ¡qué me importa! Hay otras necesidades básicas que tengo que solucionar ya. Hay que priorizar otras cosas, saldar el día a día, comer todos los días”, se resigna Aiva. Esta mujer de ojos claros coordina el espacio Casa Usina de Sueños de la Villa 21-24, que cuenta también con un merendero donde se ofrecen actividades recreativas y apoyo escolar.
‘Pobreza cero’
“Acá está lleno de gente que trabaja muchísimo, es triste ver que no podemos tener un plato de comida”, dice la activista de 48 años al lamentar el empeoramiento de la situación en la villa en estos años.
Argentina es uno de los tres países latinoamericanos, junto con Venezuela y Guatemala, donde más aumentó el hambre en 2018. La canasta básica de alimentos, valuada en unos 4.200 pesos (71 dólares), cuesta 57,3 por ciento más que en julio de 2018, muy superior al aumento de los salarios.
El exministro de Salud Daniel Gollán denunció recientemente que cinco millones de niños y adolescentes están en “situación alimentaria crítica”, al hablar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de visita en Buenos Aires.
Y aunque el presidente liberal Mauricio Macri había prometido alcanzar la “pobreza cero”, esta alcanzó a un 32 por ciento de la población en 2018, según el último índice oficial.
El Gobierno admite que al igual que el desempleo (10,1 por ciento), la pobreza crecerá este año por efecto de la aceleración de la inflación ligada a la depreciación del peso en medio de la recesión.
‘Alargar la comida’
Movimientos sociales, la Iglesia católica, organizaciones sindicales y políticos opositores reclaman que se declare la “emergencia alimentaria”, lo cual permitiría derivar mayor presupuesto para ese fin.
