Seis de los 22 departamentos de Guatemala han amanecido este jueves con estado de sitio (Izabal, El Progreso, Zacapa, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Petén).

 

El Gobierno adoptó ayer esta medida que será ratificada previsiblemente mañana sábado por el Congreso, tras el asesinato de tres soldados en la mañana del martes en la aldea Semuy II de El Estor, en Izabal, a 300 kilómetros de la capital. En el confuso incidente –que está siendo investigado por la Fiscalía– resultaron heridos otros cuatro efectivos del Ejército mientras que dos lograron huir.

 

La versión oficial del Ejecutivo de Jimmy Morales apunta a que cuando un grupo de nueve militares de la Infantería de Marina se encontraban buscando una avioneta usada por narcotraficantes sufrieron una emboscada por parte de “pseudocampesinos y pseudodefensores de derechos humanos que han estado protegiendo una pista ilegal o clandestina para el ingreso de narcóticos en nuestro país”, dijo Morales.

 

“Hemos constatado que muchas personas en esa región han estado vinculadas a acciones del narcotráfico”, denunció el mandatario, al tiempo que anunció que durante un periodo de 30 días, se limitarán varios derechos constitucionales en 22 municipios de los citados seis departamentos. Concretamente, según recoge el decreto aprobado por el Gobierno, se restringirán “la libertad de acción, de locomoción, de reunión y manifestación, y tenencia de armas”, al tiempo que se podrán realizar detenciones legales sin orden judicial y la policía podrá hacer interrogatorios a detenidos o presos sin necesidad de que haya agentes judiciales presentes.

 

El Ejecutivo justifica esta medida excepcional, que fue solicitada este martes por la mayoría del Congreso, al considerar que con el asesinato de los tres soldados “se ha puesto en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la libertad, la justicia, la seguridad, la vida, la paz y el desarrollo integral de las personas”.

 

En este sentido, Jimmy Morales ha instruido a las fuerzas de seguridad para que “efectúen las capturas correspondientes, se decomisen las armas que de forma ilegal usan estos pseudocampesiones y pseudodefensores de los derechos humanos”. Asimismo, ha justificado su decisión de aplicar el estado de sitio no sólo en Izabal, donde sucedieron los hechos, sino en otros cinco departamentos, ya que “hemos constatado que estos grupos criminales operan en toda la región mencionada”.