El Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público allanó dos inmuebles vinculados a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
La diligencia requerida y liderada por el fiscal José Domingo Pérez se da con fines de incautación de documentos y otros de interés a la investigación de la excandidata presidencial, quien cumple prisión preventiva por los presuntos aportes de Odebrecht a su campaña de 2011.
La vivienda del distrito Miraflores está ubicada en la calle Berlín 879 y está a nombre de Rocío del Carme Pardo-Figueroa Alvarez, mientras que el inmueble en la avenida La Merced 1089, departamento 401, pertenece a Giannina Pamela Eloisa Delgado Rospigliosi. Ambas mujeres trabajaban en la contabilidad de Fuerza Popular.
El requerimiento de allanamiento, firmado por el juez Víctor Raúl Zúñiga Urday, dio permiso para buscar e incautar libros y registros no exhibidos por Fuerza Popular; además, los que contengan documentos de la apertura con acta original de dicho partido político.
Además, se dispuso la orden de incautar equipos que contengan información contable o administrativa relacionada a la campaña electoral del año 2011. Estas diligencias están bajo la dirección de los fiscales José Domingo Pérez y Walter Villanueva Luicho.
PERSECUCIÓN POLÍTICA
El partido Fuerza Popular cuestionó el allanamiento hecho en la mañana a dos inmuebles en los distritos de Surco y Miraflores que pertenecerían a asistentes contables del partido y consideró que esta medida es “un atropello y una injusticia más” en las investigaciones a la excandidata presidencial Keiko Fujimori.
A través de un comunicado señalaron que el allanamiento “afectó los derechos de personas que nunca fueron citadas como testigos”. Asimismo, cuestionaron que se haya realizado para incautar documentación sobre la campaña electoral del 2011 pese a que –aseguran– esto se encuentra en el Ministerio Público desde el 2017.
Para el partido, el operativo de la Fiscalía buscaría “ocultar la aparición de nuevos indicios” de corrupción en casos como el de Chinchero, que involucra al presidente Martín Vizcarra, y otros que son investigados por la Procuraduría Anticorrupción.
“Fuerza Popular ha demostrado que colabora con las investigaciones con el fin de absolver cualquier interrogante sobre el financiamiento de la campaña electoral del 2011, pero sí eleva su protesta ante lo que constituye un evidente uso político de la justicia”, señalaron.
