Luego de que el fiscal provincial del equipo especial para el caso Lava Jato, José Domingo Pérez, afirmara que evalúa pedir al Poder Judicial la disolución del partido Fuerza Popular. Este último, rechazó que sean catalogados como “organización criminal”.

 

“Tal pretensión corrobora que el propósito de las investigaciones iniciadas hace tres años a dirigentes y centenares de aportantes de nuestro partido es eliminar del escenario político a nuestra agrupación, sin tener sustento alguno y sin haber concluido con dichas investigaciones”, se lee en el comunicado.

 

El partido naranja sostiene que esto demuestra una “clara evidencia de politización de la justicia”, además de una persecución de sus líderes políticos. Esto involucraría que Fuerza Popular no pueda postular en las elecciones de 2021 y “favorecería a “otras opciones políticas”, afirman.

 

“Negamos categóricamente que Fuerza Popular sea una organización criminal y que haya incurrido en el delito de lavado de activos”, señalan en el comunicado. El partido liderado por Keiko Fujimori, quien cumple una prisión preventiva de 36 meses, asegura que los aportes de campaña e ingresos partidarios se realizaron “a través de movimientos bancarios y con emisión de recibos, conforme a lo establecido en la normativa electoral del 2011”.

 

Fuerza Popular señala que la petición del fiscal se debe a que el Ministerio Público quiere ocultar la mala actuación de los fiscales del caso Lava Jato, a quienes acusan de “defender a la constructora Odebrecht, abogando incluso para que el Estado realice la devolución de 524 millones de soles a la empresa”.