El País (España).– Los mapas parecen haberse vuelto locos con la ocupación en Wadi Humus, el valle de la pasta de garbanzos. Este confín de Sur Baher, un barrio periférico de Jerusalén Este, no está oficialmente adscrito al término municipal de la ciudad, en la que sin embargo están empadronados sus 6.000 habitantes.

 

La barrera de separación erigida por el Ejército en esta tierra de nadie, situó a esta vaguada con aire de favela del lado israelí de los muros y vallas, pero buena parte de sus tierras pertenecen a la Autoridad Palestina.

 

Extraviado en la cartografía del conflicto, al camionero de 42 años Ismail Obeidi ya no le quedaban lágrimas al mediodía de este lunes. Más de 900 soldados y policías de fronteras de las fuerzas israelíes se habían desplegado de madrugada en Sur Baher en la operación que le desalojó de la casa –la licencia de construcción se la concedió el Gobierno palestino en 2004– en la que vivía con su mujer y sus seis hijos.

 

“Me costó 1,2 millones de shequels (300.000 euros) y el trabajo de 10 años, pero sobre todo me han quitado el sueño de mi vida”, lamenta. “Ahora tendré que pagar además el coste de la demolición; es la ley de Israel”.

 

Las excavadoras echaron abajo su casa unifamiliar en una ladera próxima a la barrera de separación construida por Israel, que en Wadi Humus consiste en una doble valla en los flancos de una carretera patrullada por el Ejército. Junto a los escombros de lo que fue el hogar de Obeidi, una unidad de artificieros colocó cargas explosivas en una torre inacabada de 10 pisos de altura que estaba previsto dinamitar horas más tarde.

 

Las demoliciones de esta barriada palestinas afectaron a 13 edificios en total, que incluyen 70 viviendas en distinto estado de construcción. La policía de fronteras desahució a 17 personas, entre ellos 11 menores, así como a una docena de activistas occidentales que les acompañaban en una acción de solidaridad no violenta.

 

En una de las mayores operaciones de derribo de construcciones palestinas desde el inicio de la ocupación en 1967, las autoridades israelíes declararon la zona bajo jurisdicción militar y bloquearon con retenes de agentes y soldados todos los accesos para impedir la presencia de la prensa y de observadores.

 

Después de sortear distintos puestos de control, patrullas móviles y atravesar un olivar donde pastaban caballos, EL PAÍS pudo conversar en Wadi Humus con el barcelonés Iván Rivera, un activista propalestino de 30 años que permaneció con la familia Obeidi en su vivienda hasta su expulsión.

 

“Los policías de fronteras irrumpieron sobre las cuatro de la madrugada (las tres en la España peninsular, la una GMT) y expulsaron los vecinos”, recuerda. “Varios activistas nos habíamos encadenado, pero rompieron los eslabones y nos echaron. A mí me dieron un culatazo en la cara”, asegura mientras muestra una herida en el pómulo derecho.