La Presidencia del Poder Judicial se pronunció este lunes respecto de las críticas realizadas a los magistrados de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios por las medidas restrictivas dictadas contra los investigados por el caso Lava Jato
Mediante un comunicado, el despacho que preside José Lecaros Cornejo aseguró que en el actual contexto judicial se confunde arbitrariedad con rigurosidad, por lo que respetan las actuaciones de los jueces. En esa línea, el texto rechaza las referencias a una “mafia judicial” o que existe una predisposición política del Poder Judicial.
“En el actual contexto, en el que, en ocasiones, se confunde arbitrariedad con rigurosidad, resulta necesario reafirmar que una justicia independiente, pronta en su respuesta y de calidad, debe tener como sustento la correcta aplicación de la ley y las garantías constitucionales (…) Los calificativos esgrimidos en los últimos días, que hacen referencia a una “mafia judicial” o que afirman una predisposición política por parte del Poder Judicial, merecen el rechazo de esta Presidencia y no debilitan la confianza que ha depositado en los magistrados de esa corte”, precisa el documento.
Sobre críticas
Agregaron que los jueces deben garantizar que la ley se respete, por lo que los comentarios de poderes públicos no pueden “anteponerse” a las decisiones tomadas por los jueces. Sin embargo, precisaron que esto no significa que no sea posible criticar el trabajo de los magistrados, siempre y cuando tenga argumento y sustento jurídico.
“Todos los jueces están obligados a garantizar que la ley sea respetada y cualquier posición particular, y especialmente aquella esgrimida desde un poder público, por muy justa que pueda parecer, no puede anteponerse sobre las decisiones expresadas por un órgano jurisdiccional (…) Esto no quita que se acepte la crítica pública, argumentada y con sustento jurídico, un derecho ciudadano que no debe soslayarse”.
Decisiones equilibradas
Respecto de los pedidos que realiza la Fiscalía, aseguraron que la labor de los jueces es equilibrar esas pretensiones punitivas sin perder de vista las garantías procesales, sobre todo cuando las consecuencias suponen la eventual limitación de derechos.
