El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, envió una carta al presidente Martín Vizcarra para manifestarle su preocupación por el corto periodo de duración de los ministros, especialmente de aquellos sectores directamente relacionados con los servicios a la ciudadanía, y por lo que eso significa para la institucionalidad del país.

 

La misiva destaca que en las carteras de Educación, Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables e Inclusión y Desarrollo Social, de los 26 ministros y ministras que fueron nombrados en los últimos periodos de gobierno, 9 superaron el año de gestión frente a 17 que no lo hicieron.

 

Sostiene que es necesario “dotar a los ministerios de la continuidad que requieren para fortalecer y articular mejor sus servicios y programas en beneficio de la población”.

 

En esa misma línea, Gutiérrez expresa que así como en la economía estamos justificadamente pendientes de los indicadores periódicos que grafican su avance o retraso, así debemos estarlo en los temas sociales porque su gestión, con sus indicadores, termina en las personas y en su bienestar.

 

“De ese modo también se fortalecerá y mejorará la lucha contra la violencia hacia la mujer, el imprescindible combate contra la anemia y desnutrición infantil, la gestión de las emergencias y riesgos de desastres en amplias zonas del país, así como el proceso de reconstrucción en las regiones afectadas por fenómeno de El Niño Costero”, precisa la carta.

 

Gutiérrez Camacho anota que así como estamos alertas ante los datos relacionados con la tributación o con el tipo de cambio, así deberíamos estarlo ante los datos de la política social en general y su desenvolvimiento. Y esto no será posible, si los ministros son cambiados frecuentemente, añade.

 

En razón a todo ello, el Defensor del Pueblo solicita al jefe de Estado “que en los nombramientos a realizar, considere la necesidad de empezar a modificar esta práctica corrosiva para la institucionalidad del país”.

 

Agrega que articular las políticas sociales en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), además de las indispensables coordinaciones intersectoriales, constituye todo un proceso contra el que atenta la corta duración de las gestiones ministeriales en estas áreas.

 

Asimismo, el defensor del Pueblo aboga por la experiencia e idoneidad que deberían tener los funcionarios que sean escogidos para tan importante misión pública.

 

Finalmente, Gutiérrez Camacho señala que a la Defensoría del Pueblo la anima, con el envío de esta carta, “la convicción de ser consecuentes con nuestros deberes funcionales y el deseo de recoger las demandas de la población”.