El representante del Perú ante el Consejo Nacional de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, Gustavo Meza-Cuadra, solicitó a la fiscal de la Corte Penal Internacional que abra una investigación “al más breve plazo por los crímenes de lesa humanidad” presentados desde el 12 de febrero del 2014 durante el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
“Formulamos un llamado a alta comisionado para los derechos humanos a responder ante la situación del país y el Consejo de Derechos Humanos, iniciar acciones para llegar a los responsables ante la justicia”, dijo al pronunciarse a nombre del Gobierno respecto la situación que afronta Venezuela y su posición ante la crisis.
Meza Cuadra manifestó que estas acciones que han generado la muerte de venezolanos ponen en riesgo la vida, dignidad y la integridad de este país, además de afectar la seguridad regional debido a la masiva crisis migratoria de quienes huyen del régimen de Nicolás Maduro.
“El Perú quiere ser la voz de más de 700 mil venezolanos que ha recibido en su territorio para reiterar su compromiso irreversible con la transición democrática y la reconstrucción institucional, económico y social de Venezuela a tiempo de expresarle nuestras solidaridad y reconocer la valentía y tenacidad de este pueblo hermano”, señaló.
El diplomático peruano señaló que el gobierno peruano condena las situaciones registradas el último fin de semana durante el enfrentamiento entre las fuerzas bolivarianas con los migrantes que intentaron ingresar ayuda humanitaria, así como la situación de opositores y hasta medios de comunicación. “Condenamos el uso de la violencia por parte de la dictadura contra su población y que se expresa en la injusta excarcelación de líderes políticos y hombres de prensa, medianamente secuestrada”, indicó.
Reafirmó que el gobierno peruano reconoce a la asamblea nacional y al presidente encargado Juan Gauidó “en sus esfuerzos por lograr el retorno a la democracia”, por lo que hizo un llamado a las fuerzas armadas e instituciones a que reconozcan al mandatario y se respete sus competencias constitucionales para no usarlo “como instrumento de opresión contra su propio pueblo”.