Buenos Aires, octubre 3 (EFE).– Un juez de Argentina resolvió elevar a juicio oral una causa contra la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández (2007-2015) y sus hijos, Máximo y Florencia, por supuestas maniobras de lavado de dinero mediante una empresa familiar, difundieron hoy fuentes judiciales.
La medida fue adoptada por el juez Julián Ercolini, quien pidió que sienten en el banquillo a más de una veintena de personas, entre ellas, al empresario Lázaro Báez –ya en prisión preventiva desde 2016– y sus hijos.
De acuerdo al escrito, firmado este martes, a Fernández se le acusa de dirigir “entre 2009 y 2016 un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces S.A”.
A través de dicha sociedad, habría legitimado “una porción de dinero de procedencia ilegítima que era canalizado por empresas del grupo Báez y del grupo Indalo a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada por la mencionada sociedad comercial”.
La empresa Los Sauces –creada en 2006 por Fernández, su marido, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, y su hijo Máximo– se dedica a administrar activos inmobiliarios de la familia Kirchner y es investigada por presuntas maniobras de lavado de dinero relacionadas con supuestas transacciones con empresarios cercanos al kirchnerismo.
Explicaron que, a través de Los Sauces, Fernández habría adquirido “una serie de propiedades, terrenos y hoteles en la provincia de Santa Cruz (sur del país) y en la ciudad de Buenos Aires” con “la finalidad de contribuir en la formación del vehículo que permitió canalizar dinero ilegítimo en favor de su familia”.
A Máximo Kirchner, diputado de 41 años, se le acusa de ser “organizador” y a Florencia, de 28 años, por “haber tomado parte en una asociación ilícita, en calidad de miembro”.
Asimismo, imputaron a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y a la sobrina de Cristina Fernández, Romina Mercado.
En la resolución, el juez mandó también “anotar” la detención de Víctor Alejandro Manzanares, antiguo contador de los Kirchner, a “exclusiva disposición del tribunal que resulte desinsaculado”.
Por otra parte, rechazó los planteos de algunos investigados, que pidieron quedar exentos de la elevación a juicio.
Procesada en seis causas –la mayoría por presunta corrupción– contra la exmandataria ya hay elevadas a juicio cuatro: el único que tiene fijada fecha empezará en febrero, por presuntamente haber encabezado una asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública.
Además, según especuló el propio Ejecutivo en septiembre, en 2019 comenzará también otro juicio por la causa en la que se investiga si se produjeron millonarios sobornos de parte de empresarios a funcionarios de los Gobiernos kirchneristas (2003-2015).