La Policía vuelve a disparar gases lacrimógenos a los manifestantes mientras crecen las críticas internacionales por la violación del principio «un país, dos sistemas»

El ministro de Exteriores chino arremete contra quienes abogan desde EE.UU. por una «nueva Guerra Fría» y propone «coexistencia pacífica», como la URSS en su época

No ha tardado Hong Kong en movilizarse contra la Ley de Seguridad Nacional que le quiere imponer China sin pasar por su Parlamento regional, anunciada el viernes en la apertura de la Asamblea Nacional Popular en Pekín. Tal y como se esperaba, este domingo han estallado las primeras protestas, ya que muchos consideran que dicha regulación, que penará la subversión, la secesión y el terrorismo, viola la autonomía de la que disfruta la excolonia británica bajo el principio de «un país, dos sistemas» y amenaza sus libertades, mayores que en el resto de China.

Ni la amenaza del coronavirus, ya controlado en la ciudad, ni la prohibición policial de manifestarse para guardar la distancia social han impedido que la multitud se congregue en el distrito comercial de Causeway Bay, escenario habitual de las protestas del año pasado reclamando democracia. Como entonces, la tensión ha ido en aumento entre los manifestantes, que iban ataviados con máscaras y entonaban cánticos contra el régimen chino portando banderas y carteles, y los antidisturbios, que habían montado un fuerte dispositivo para evitar concentraciones y desplegado hasta su cañón de agua.

Para dispersar a la multitud, los agentes han disparado gases lacrimógenos y han llevado a cabo cargas entre las barricadas montadas en las calles que conducen al vecino distrito de Wan Chai, según ha mostrado la radiotelevisión pública RTHK. A tenor de un comunicado de la Policía difundido en Facebook, a las 16.30 (10.30, hora peninsular española) habían sido arrestadas ya 120 personas, entre las que figuraban 40 que habían montado barricadas en la calle Gloucester. Se suman así a los más de 8.300 detenidos desde el estallido en junio de las manifestaciones contra la ya retirada ley de extradición a China, que empezaron de forma pacífica y derivaron en una violenta revuelta por la democracia que sacudía cada semana a Hong Kong hasta la llegada del coronavirus.

Con el control de la epidemia y el anuncio de la Ley de Seguridad Nacional, que podría ser promulgada a finales de junio, vuelve la agitación política y se espera un «verano caliente». Además de criticar que dicha normativa sea impuesta directamente desde Pekín en el Anexo III de la Ley Básica, mini-Constitución de Hong Kong, la oposición demócrata teme perder las mayores libertades políticas de las que goza la excolonia británica. Y es que la ley prevé la creación de oficinas de la seguridad pública china para perseguir delitos como la subversión, el separatismo y el terrorismo, acusaciones que el autoritario régimen de Pekín usa habitualmente para condenar a los disidentes en el continente sin las garantías legales que priman en Occidente.

Aunque las autoridades chinas y la jefa ejecutiva del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, insisten en que se respetarán los derechos políticos y económicos, la ciudad más libre de Asia teme un aumento de la represión. En el objetivo están la oposición demócrata y los activistas críticos con el régimen del Partido Comunista, que ahora tienen libertad de expresión y reunión para organizar movilizaciones políticas como la vigilia anual recordando la matanza de Tiananmen.

 

Tras su devolución por parte del Reino Unido en 1997, China se había comprometido a respetar dichas libertades bajo el principio de « un país, dos sistemas», vigente en teoría durante 50 años. Alertando de que la nueva Ley de Seguridad Nacional supondrá el fin de dicho modelo, 186 diputados y diplomáticos de 23 países han firmado una declaración denunciando la «flagrante violación» de la Declaración Conjunta Sino-Británica que selló en 1984 el retorno de Hong Kong.

«Si la comunidad internacional no puede confiar en que Pekín cumpla su palabra sobre Hong Kong, la gente tendrá recelos para aceptarla en otros asuntos», advirtió el comunicado, redactado por el último gobernador de la colonia, Christopher Patten, y el secretario de Exteriores británico, Malcom Rifkind. Entre los firmantes destacan 44 diputados británicos, ocho miembros de la Cámara de los Lores y senadores estadounidenses muy críticos con China, como Marco Rubio y Ted Cruz.

Los planes de Pekín han sido denunciados también por la Unión Europea, Australia, Canadá y Estados Unidos, que amenaza con revisar el estatus económico especial que otorga a Hong Kong como castigo al régimen.

Compareciendo este domingo ante los medios en la Asamblea Nacional Popular, el ministro de Exteriores chino, Wan Yi, ha intentado rebajar la tensión, exacerbada también por las acusaciones de la Casa Blanca sobre la catástrofe global del coronavirus. «Tenemos que estar alerta ante los esfuerzos de algunas fuerzas políticas en América que quieren secuestrar las relaciones con China y están empujando a ambos países hacia una denominada nueva Guerra Fría», señaló.

Ante la creciente hostilidad internacional hacia China y el riesgo de desacoplamiento con la segunda mayor economía del planeta, Wang Yi advirtió de «esto es un peligroso intento de revertir el curso de la Historia». Asegurando que «China no tiene intención de cambiar a EE.UU., y mucho menos de reemplazarlo», propuso «por el bien de los dos pueblos, y también por el futuro de la humanidad, encontrar un modo de coexistir pacíficamente a pesar de las diferencias en los sistemas y culturas de ambas sociedades». Curiosamente, Wang Yi trataba de disipar el regreso a un mundo bipolar, pero acabó recurriendo a la misma «coexistencia pacífica» que ya enarbolara la extinta Unión Soviética durante la «Guerra Fría».