Nicaragua encara su tercer año consecutivo en recesión, en la que el país cayó en 2018 a raíz de la violenta represión de Daniel Ortega contra las generalizadas protestas hacia su Gobierno. “Desde abril de 2018, los disturbios sociales y sus secuelas erosionaron la confianza y produjeron grandes salidas de capitales y depósitos bancarios”, constata el comunicado emitido la semana pasada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras su visita de trabajo al país.

El FMI reconoce, no obstante, que el Gobierno nicaragüense trabaja con ahínco para superar la crisis, de la que tal vez pudiera salir el próximo año, al final del cual debiera haber elecciones generales. Es se horizonte electoral que marca las dinámicas del Gobierno y de la oposición a lo largo de este año y el próximo: el Gobierno está concentrado en reavivar la economía, mientras que la oposición lo está en ganar en robustez y unidad (la semana pasada confluyó en una plataforma unitaria); ambos necesitan tiempo y probablemente intentarán evitar una gran confrontación que perjudique sus expectativas para 2021.

Contracción económica

Aunque la violencia desplegada por Daniel Ortega y su esposa –presidente y vicepresidenta de Nicaragua– se concentró especialmente en la primavera de hace dos años, cuando la represión policial (auxiliada por grupos paramilitares sandinistas) provocó la muerte de más de 300 personas, el autoritarismo del régimen ha seguido actuando y prolongando la inestabilidad económica.