Bogotá (El Mundo).- Es un desangre permanente de líderes sociales. Sólo este año ya van 68 vidas segadas de personas que se atreven a confrontar intereses de bandas criminales y grandes corruptos. La mayoría de los que mueren a manos de pistoleros suelen residir en esa otra Colombia donde el Estado apenas existe o es muy precario.

 

Para protestar por los asesinatos, miles de colombianos se manifestaron en Bogotá y otras 60 ciudades tanto en Colombia como el extranjero; clamaron “No más” muertes, la expresión colombiana del “Basta ya”.

 

El punto negro de la jornada la puso un nutrido grupo de radicales que gritaron “Asesino” a Iván Duque en la concentración de Cartagena de Indias. Aunque los asesinatos se dispararon a raíz del pacto entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, en diciembre del 2016, y fue durante su Administración cuando se concentra el mayor número de fallecidos -más de 200 o el doble de esa cantidad, según la fuente que ofrezca los datos-, sólo ahora muestran su rechazo hacia un presidente. De alguna manera pretenden hacerle responsable de las muertes como arma electoral.

 

“Creo que hay sectores que se han tomado la defensa de la vida como si fuera una bandera exclusiva de la izquierda. En vez de apuntar a los verdaderos responsables de la matanza de los líderes sociales que, según la justicia, son las disidencias de las FARC, el ELN, los mineros ilegales y clanes criminales, han preferido salir a gritarle al presidente que es un asesino o responsabilizar al Estado de sus muertes”, comenta José Manuel Acevedo, columnista de opinión de El Tiempo y subdirector de RCN. “Algunos se arrogan una vocería que no tienen con meros propósitos electorales. La defensa de la vida no puede seguir quedando parcelada como si sólo a la izquierda le importara”.

 

Al margen de las fricciones políticas, la nutrida concentración en la plaza Simón Bolívar de Bogotá pretendió unir a la ciudadanía sin hacer distinciones ideológicas en torno a los que perdieron la vida y quienes aún intentan seguir su labor social pese a las amenazas que sufren. “Es necesario parar el desangre, que el país tome conciencia de la necesidad de reconciliarnos”, le decía a este diario Israel Zúñiga, llegado a Bogotá desde Quibdó, capital del Chocó, una de las regiones donde es toda una heroicidad liderar cualquier proceso social que moleste a guerrillas y otras mafias.

 

“Siento el dolor de las familias de los líderes asesinados”, indicaba Estiven Rojas, uno de tantos jóvenes que participaron en la jornada. “Hoy me sumo a la marcha porque no queremos que las muertes queden como algo más. Las vidas de los líderes valen mucho”. Otro participante, Oscar Monsalve, enarbolando una pancarta con un “No Más”, lamentaba “que sigan matando. Es una tristeza”.

 

Si bien el Ejecutivo ha intensificado la protección de unos 4.000 líderes amenazados, resulta poco menos que imposible garantizar la vida de todos ellos cuando habitan en lugares remotos donde los grupos armados ilegales ejercen un enorme control con el poder de las balas.

 

En la plaza Bolívar alguien había colgado en un cable las fotografías y una pequeña reseña de decenas de víctimas. Mujeres y hombres humildes en su mayoría, acribillados por el ELN, Autodefensas Gaitanistas, Caparrapos, entre otras bandas, pero la mayor parte los autores aún son desconocidos y es la Fiscalía General la responsable de las investigaciones.

 

Lo que se sabe es que mueren por oponerse a la minería ilegal de oro, por defender la sustitución de cultivos de coca y la entrega de tierras a quienes se las habían arrebatado, por denunciar ladrones del erario y por criticar a los mismos matones.