Washington (El Mundo).- Por cinco votos a favor -los de los jueces republicanos- y cuatro en contra -los de los demócratas- el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado al presidente Donald Trump a desviar 2.500 millones de dólares (2.243 millones de euros) que el Departamento de Defensa tenía destinados a la lucha contra el narcotráfico a construir un muro de bolardos de acero de nueve metros de altura que reemplace a las barreras ya existentes en unos 160 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México. Con su decisión, el Supremo rechaza la tesis jurídica del grupo ecologista californiano Sierra Club, que argumentaba que la barrera va a tener un impacto medioambiental negativo.

 

La decisión del Supremo es un triunfo de primera magnitud para Trump, que el 15 de febrero declaró una Emergencia Nacional después de que el Congreso le negara los fondos para construir el controvertido muro que es casi su seña de identidad política, y destinó 7.500 millones de dólares (6.725 millones de euros) al muro. La partida aprobada por el Supremo es la primera parte de ese desembolso.

 

Con esta medida, Estados Unidos entra, literalmente, en una nueva era política e institucional. La Constitución del país establece que tanto los ingresos como los gastos del Estado son competencia del Congreso. Y, hasta la fecha, esa disposición había sido respetada. Ni en las peores crisis del país - como la Guerra de Secesión o la Primera y Segunda Guerra Mundial- se había roto esa interpretación de la ley fundacional de EEUU.

 

Ahora, el Supremo ha introducido una enorme dosis de flexibilidad en esa regulación, al aceptar el argumento del Gobierno de que la llegada de inmigrantes es, como dijo Trump el 15 de febrero, “una invasión de nuestro país”, y que el desvío de recursos de la lucha contra el narcotráfico en América Central y del Sur a la construcción del muro es aceptable porque los inmigrantes, como dijo el presidente cuando presentó su candidatura a la Casa Blanca, en junio de 2015, “traen drogas”.

 

De las 72.000 personas que fallecen por consumo de drogas en EEUU, 42.000 - el 58,3%- son víctimas de opiáceos, que en su inmensa mayoría se producen en el país. De hecho, los opiáceos comprados con receta médica se cobran 17.000 víctimas cada año. A esas cifras hay que sumar unos 10.000 muertos que caen por su adicción a la metanfetamina, una droga muy común en zonas rurales, y que también se fabrica en Estados Unidos -frecuentemente, usando medicamentos contra la gripe- , hasta el punto de que ha dado pie a la exitosa serie de televisión ‘Breaking Bad’.

 

Un segundo elemento de la sentencia es la creciente tendencia del Ejecutivo de Estados Unidos a solicitar medidas de urgencia en los tribunales, y, también, del Supremo a concedérselas después de que las instancias judiciales de menor nivel las rechacen. Ése ha sido el caso en este proceso, ya que dos juzgados habían tumbado la propuesta del Gobierno de Donald Trump. Tal y como explicaba el blog legal SCOTUSblog, en las presidencias de George W. Bush y Barack Obama, el Ejecutivo sólo planteó 16 recursos de urgencia ante el Supremo. Desde que Donald Trump es presidente, ya han llegado 20 iniciativas de ese tipo. Eso implica que el actual Gobierno ha recurrido a la máxima instancia judicial más veces en dos años y medio que sus predecesores en 16 años. El corolario de esa argumentación es que hay un eje entre un Ejecutivo republicano y un Supremo dominado por ese mismo partido, en el que, además, dos de sus nueve miembros han sido propuestos por Trump.

 

En el terreno de las realidades policías, la sentencia del Supremo significa que Trump tiene casi garantizado empezar a construir el muro que prometió en la frontera con México, aunque la realidad del proyecto va a ser muy diferente de lo que había ofrecido en la campaña electoral de 2016. El muro será pagado por el contribuyente de Estados Unidos, no por México, los 160 kilómetros de barreras solo cubren el 7,5% de la frontera, y los bolardos de acero distan de ser la muralla de cemento que prometió el presidente. No sólo eso: la nueva construcción no va a ser, realmente, “nueva”, sino que va a reemplazar a otras. La gran diferencia es que las actuales estructuras en esas secciones de la frontera están deterioradas por el paso del tiempo o fueron construidas para evitar que penetren vehículos, pero no personas a pie.

 

Con todo, si la medida logra superar los últimos obstáculos legales que todavía están pendientes, Trump tendrá en la campaña electoral del año que viene al menos esos 160 kilómetros para mostrar a sus seguidores de la seriedad de su promesa. Claro que eso no es, en todo caso, algo que sea problemático para el presidente.