Clarín (Argentina).– El juez Claudio Bonadio procesó este lunes a Cristina Kirchner por asociación ilícita, cohecho pasivo y administración fraudulenta en la causa en la que se investiga la compra de buques de gas licuado. En el expediente, vinculado a la investigación central de los “cuadernos de las coimas”, mantuvo el pedido de prisión preventiva sobre la ex presidenta.

 

También fueron procesados los ex funcionarios Julio De Vido y Roberto Baratta, a quienes también se les mantuvo la prisión preventiva. Además, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, se establecieron embargos que van desde los 200 a los 300 millones de pesos. En el caso de Cristina, se le amplió el que ya pesaba sobre ella hasta los mil millones de pesos.

 

En la de los cuadernos de las coimas, la causa de corrupción más relevante de la historia argentina, la ex presidenta ya está acusada de ser jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales que pagaban empresarios contratistas del Estado.

 

Ahora, como una ampliación de la asociación ilícita y nuevos hechos de cohecho pasivo, más una acusación por administración fraudulenta, el juez Bonadio la encontró responsable y la procesó manteniendo el pedido de prisión preventiva del expediente principal.

 

En esta causa se incorporó un nuevo peritaje, ya que el primero que había sido utilizado para procesar y detener a Baratta y De Vido fue desestimado por la Cámara Federal porteña.

 

En la resolución de 392 páginas a la que accedió este diario se determinó que esta causa es parte de la asociación ilícita que “comandó Cristina Kirchner”, cuya investigación tuvo su origen con los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno. Se determinó que Cristina, ex funcionarios del ministerio de Planificación y empresarios del sector energético “conformaron la estructura que llevó adelante las maniobras ilícitas desarrolladas en la importación de gas natural licuado -GNL-, utilizándose, en una primera etapa que abarca el año 2008, inclusive, al día 12 de noviembre de 2012, a la empresa Energía Argentina SA (ENARSA) la gestión, adjudicación y pago de los cargamentos de GNL”.

 

Para Bonadio, luego de esa fecha y hasta diciembre de 2015, la maniobra delictiva se continuó “tercerizando el proceso en la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales -YPF- ,que comenzó a realizar la gestión de compra, es decir, a desplegar lo que antes hacía ENARSA, pero ésta continuaba adjudicando y pagando”.

 

Este expediente investigó una estructura que funcionó entre los años 2008 a 2015, y donde los 24 imputados “pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema ilegal destinado a importar GNL”.