La Nación (Argentina).– El diálogo nacional nicaragüense pende de un hilo. A menos de un mes de haberse retomado la comunicación entre el gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), la policía nacional sitió ayer la ciudad de Managua y protagonizó una nueva jornada represiva, en la que se detuvieron a más de 160 personas por participar de una manifestación que exigía la liberación de todos los presos políticos.
En otra de las tantas accionares confusos por parte del orteguismo, como los que se vivieron el último mes -repleto de idas y vueltas-, liberaron anoche a la mayoría de los detenidos en la marcha. Sin embargo, preocupa la falta de voluntad política del régimen y reina la desconfianza sobre el futuro de la negociación.
Mientras que las partes involucradas se encuentran todavía estancadas en cuestiones formales del diálogo, Ortega no desiste en enviar mensajes insuficientes, contradictorios y provocadores que inflaman aún más el conflicto, tal como lo hizo ayer. Para algunos, busca ganar tiempo, para otros, quiere reservarse algunos presos políticos para negociar sobre el punto de su seguridad jurídica.
La marcha de ayer, convocada por la coalición opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), reclamaba la liberación de todos los presos políticos que fueron detenidos desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua, a partir del 18 de abril. Se trata, también, de la principal exigencia a la hora de sentarse a negociar, tanto de la Alianza Cívica como de la comunidad internacional, puntualmente encarnada por la OEA, quien es posible que oficie de garante en la mesa de diálogo. Y Ortega lo sabe.
No es casual que el gobierno haya liberado el viernes a unos 50 presos de los más de 600 que todavía siguen privados de su libertad. Algunos de ellos acusados y otros condenados “bajo procesos judiciales poco profesionales e imparciales para perseguir a opositores políticos”, según estableció el informe expuesto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que visitó Nicaragua justo antes de que el país le diera la espalda al monitoreo internacional.
Aún así, las señales en cuotas del orteguismo no alcanzan. Tampoco las condiciones confusas en las que se dieron los procesos de “liberación”, ya que en muchos casos lo que se cambió fue “cárcel por casa”, pero se sigue tratando de un arresto domiciliario. Por estos motivos, se realizó ayer una marcha cívica, en gran medida, integrada por muchos jóvenes.
“La manifestación me hizo sentir la convicción de la gente, que a pesar del terror mantiene la disposición de movilizarse”, comentó a La Nación José Pallais, miembro titular de la Alianza Cívica. El integrante de la mesa de diálogo explicó que su sorpresa pasó por la alta adhesión que tuvo la convocatoria a pesar del “despliegue intimidatorio que se mantiene permanente y que ayer se intensificó ya desde la madrugada”.