La Nación (Argentina).– “No les paremos bolas [no les hagamos caso]”, ordenó Nicolás Maduro para cerrar el Carnaval. Unas palabras festivas que al final no se cumplieron. Todavía aturdido por el regreso triunfal de Juan Guaidó a Caracas, el chavismo necesitó 48 horas para sobreponerse del mazazo que desconcertó hasta a sus propios seguidores.
La contraofensiva iniciada ayer suma la expulsión de un embajador europeo y la detención de un periodista estadounidense. Las presiones de los sectores radicales y militares forzaron ayer la declaración de persona non grata contra el embajador alemán Daniel Kriener por sus “recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país”. El diplomático dispone de dos días para abandonar Caracas pese a que Alemania no reconoce a Nicolás Maduro como presidente. El gobierno de Berlín lo llamó a consultas.
“Venezuela considera inaceptable que un representante diplomático extranjero ejerza en su territorio un rol público más propio de un dirigente político en clara alineación con la agenda de conspiración de sectores extremistas de la oposición”, subrayó la cancillería venezolana.
Fuentes diplomáticas confirmaron a La Nación que se trata de una represalia por la presencia de Kriener en el aeropuerto durante el recibimiento al presidente encargado, en el que también participaron otros cinco embajadores europeos y seis del continente: la Argentina, Brasil, Chile, Perú, Canadá y Estados Unidos. Un aviso para toda la comunidad internacional, tras la gran repercusión mediática de los sucesos del lunes.
El gobierno alemán calificó la decisión de “incomprensible”, además de predecir que dificultará aún más la solución de una crisis atrapada en un callejón sin salida. La Unión Europea apuesta por habilitar negociaciones con las partes que conduzcan a unas elecciones libres y democráticas, algo impensable hoy para la revolución, que en las encuestas está más de 50% por debajo del líder opositor.
Esta solución, que cobró vigor tras la violencia del 23-F y tras la cumbre del Grupo de Lima en Bogotá, también es compartida por Uruguay y México, que conforman el grupo de contacto con la Unión Europea.